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Declaración del Colectivo Cuba Liberación Negra

Updated: Aug 7



Somos personas Negras cuir cubanas que, desde una perspectiva abolicionista y antiimperialista, militamos dentro y fuera de Cuba, algunas afiliadas a grupos de liberación Negra y al movimiento Black Lives Matter en las ciudades y países donde residen. Con el presente comunicado pretendemos denunciar la invisibilización de las realidades de las personas Negras cubanas, especialmente en el contexto de crisis económica que se vive en Cuba, agravado por la pandemia de COVID-19, y tras las manifestaciones sociales que han tenido lugar desde el 11 de mayo del 2019 hasta las más recientes del 11 de julio de 2021.


Cualquier valoración que se realice sobre la situación de derechos humanos de la población afrocubana debe partir del reconocimiento del racismo estructural y la discriminación racial en todos los ámbitos de la sociedad cubana. Frases como “la revolución hizo a los Negros personas”, por ejemplo, refuerzan el mito de que el proceso revolucionario acabó con la desigualdad y la discriminación raciales y pretenden colocar a las personas Negras en un lugar de subordinación e indefensión y eterno y acrítico agradecimiento. Además, desconoce los logros y luchas de las poblaciones Negras en Cuba anteriores a 1959 y les deshumaniza. Antes de 1959 ya eran personas. Tanto las personas esclavizadas en Cuba como sus descendientes participaron de manera destacada de las gestas libertarias y en el desarrollo económico, cultural, político, científico y social de la nación. Fueron protagonistas de la historia y no simples espectadoras que esperaron a que los poderes blancos reivindicaran sus derechos. La revolución no fue solo ni fundamentalmente blanca.


El uso de expresiones peyorativas como “coleras”, “revolucionarios confundidos”, “vándalos”, “mercenarios”, “delincuentes”, “malandrines”, para intentar estigmatizar a quienes disienten del gobierno, protestan o intentan sobrevivir en un contexto adverso, revela una visión despectiva del propio pueblo cubano y, en particular, de su lado afrodescendiente. Encierran en sí mismas tanto el racismo como el clasismo que refuerzan el gobierno, las instituciones y los medios de comunicación oficiales, al tiempo que sirven para criminalizar a quienes sufren pobreza y desigualdad. No podemos pasar por alto que muchas de las personas en las que recaen esas etiquetas son afrodescendientes de comunidades cada vez más marginalizadas por las últimas reformas económicas y vulnerables a los abusos de poder.


Y esa marginalización tiene que ver con cómo la hegemonía blanca ha delimitado los espacios de relaciones (sociales, económicos, culturales) y los territorios. Fenómenos como la gentrificación en Cuba toman características particulares cuando el Estado desplaza a residentes de barrios neurálgicos -como La Habana Vieja- hacia viviendas en la periferia de la ciudad, con el fin de construir hoteles. Del mismo modo, decenas de miles de personas Negras viven hoy en asentamientos donde no se les satisfacen las necesidades básicas y en condiciones de “ilegalidad”.


Durante y después de los sucesos del 11 de julio hemos visto innumerables fotos y videos en los que personas Negras, especialmente jóvenes, son víctimas de la brutalidad policial, de las fuerzas militares y paramilitares. A pesar de que la policía cubana está formada en un número considerable por personas Negras, que en muchas ocasiones provienen de zonas orientales afectadas por pobreza extrema, en busca de salarios medianamente altos, la hegemonía blanca instrumentaliza las necesidades y aspiraciones de las personas Negras y enfrenta unas contra otras. Este es quizás el ejemplo más rotundo de cómo funciona el racismo estructural en Cuba.


Pero la brutalidad policial no implica únicamente la violencia física sino también otras formas de violencia mucho más solapadas, pero igual de condenables, que se ejercen a través de la vigilancia, el acoso, amenazas, citaciones extrajudiciales, interrogatorios, prohibiciones de salir del país, cercos policiales afuera de las viviendas o en calles aledañas, etcétera. Es importante mencionar que personas activistas antirracistas han sido reprimidas por su lucha contra la discriminación racial. Y sus parejas, familiares y amistades también han vivido situaciones de violencia.


Además, queremos recordar que la policía cubana suele operar con un perfil racial. Muchas veces los jóvenes negros son considerados y tratados como delincuentes en potencia solo por el color de su piel. Y esto nos lleva a preguntarnos sobre la composición racial que predomina en las cárceles cubanas. Una información que probablemente el gobierno posea, pero que hasta ahora no es de acceso público. De hecho, muchos de los datos recogidos en censos y encuestas no son procesados, presentados o publicados teniendo en cuenta el color de la piel.


La existencia de la figura legal conocida como “estado de peligrosidad”, que tiene el fin de contribuir al control social y ha llevado a prisiones a personas consideradas por las autoridades “proclives a cometer delitos” -entre ellas trabajadores sexuales y consumidores de drogas-, nos obliga también a preguntarnos si el color de la piel no estará siendo un elemento que se use, de manera más o menos consciente, para determinar quiénes son “proclives a cometer delitos” y deben sufrir sanción penal. Lamentablemente, nos faltan las estadísticas actualizadas para confirmar que la población negra es mayoría en el sistema judicial-carcelario cubano.


Sin embargo, sí sabemos, por testimonios de personas que han estado encarceladas y sus familiares, que en las prisiones cubanas hay graves problemas de hacinamiento, precariedad alimentaria, falta de condiciones higiénicas adecuadas, restricción de visitas familiares, entre otros. Si la situación de la generalidad de la población y en especial de quienes se encuentran en los centros de aislamiento como parte de los protocolos para enfrentar la COVID-19, es ya extremadamente difícil, podemos suponer que en las cárceles debe serlo aún más.


En el caso de las personas Negras cuirs, no binarias, agénero, trans, etcétera, la criminalización se relaciona con el control y el policiamiento de sus cuerpas, la forma de vestir, las expresiones de género y de la sexualidad. Estas personas son arrestadas y encarceladas con más frecuencia que otros grupos de la sociedad y sufren el binarismo y la violencia de género que el sistema penitenciario refuerza. El hecho de no respetar el nombre según la identidad de género, tan común en las detenciones por parte de la policía, representa una conducta represiva que responde al “cis-tema” sexo-género por el cual vela la hegemonía blanca.


El debate internacional sobre el punitivismo, la criminalidad, la función de las cárceles y la inoperancia del poder judicial aún no llega a Cuba con toda la fuerza que ha llegado a otros países; en gran medida, gracias a movimientos feministas y antirracistas. Dicho debate se centra en el cuestionamiento de la efectividad del castigo, la pertinencia del sistema judicial, la invisibilización de las personas Negras cuirs, no binarias, agénero, trans, etcétera, y la violencia en las prisiones.


Nuestra propuesta es pensar y desarrollar alternativas y estrategias contra los sistemas que nos oprimen y nos impiden tener una vida digna y emancipada. Esto implicaría garantizar los derechos humanos de las personas presas al tiempo que trabajamos para eliminar el uso de la prisión como método de control social.


Considerando todo lo anterior, exigimos a las autoridades cubanas:

  1. Reducir drásticamente la población carcelaria y poner fin al uso de la prisión como método predeterminado de abordar las problemáticas sociales.

  2. Disminuir la inversión en los cuerpos policiales, sectores represivos, armamento, patrullas, indumentaria antimotines, etcétera.

  3. Impulsar políticas y campañas educativas contra el racismo y la discriminación racial.

  4. Detener la criminalización del ejercicio de libertades civiles y políticas.

  5. Garantizar la participación de la ciudadanía en la vida política del país con autonomía del Estado y sus instituciones.

  6. Detener la criminalización de la población afrodescendiente y de las personas en condiciones de vulnerabilidad social o económica.

  7. Eliminar la figura del “estado de peligrosidad” del código penal cubano.

  8. Garantizar el acceso público a información actualizada y verificable sobre la realidad de las cárceles cubanas: número de cárceles, cantidad de personas que cumplen una sanción penal y su distribución por edad, género, lugar de origen, color de la piel, delito que se le imputa, etc. Publicación de dicha información en sitios y medios de prensa oficiales.

  9. Adoptar medidas urgentes que permitan responder de manera oportuna a las problemáticas de los sistemas penitenciarios que estarían siendo exacerbadas en el contexto de la pandemia.

  10. Velar por el cumplimiento de las garantías procesales en todos los juicios.

  11. Propiciar el debate sobre punitivismo y sistema carcelario en Cuba a través de los medios de comunicación y el sistema educativo, que incluya abordar la problemática del uso del castigo para resolver problemas sociales.

  12. Garantizar el acceso pleno y sin condiciones de las personas privadas de libertad a servicios de salud, higiene, visitas de sus familiares y amigues, alimentación adecuada, actividades recreativas, etcétera. Dichas medidas no deben tener como fin la creación de un sistema penal más fuerte, sino su abolición.

  13. Invertir en recursos sociales que contribuyan a una verdadera seguridad pública basada en la justicia social y la equidad.

  14. Liberar a las personas encarceladas por motivos políticos en Cuba.

Cuba Liberación Negra

Texto escrito por: Odaymar Cuesta, Sandra Alvarez y Marlihan Lopez

30 de julio del 2021


Statement of Colectivo Cuba Liberación Negra (The Cuba Black Liberation Collective)

We are Black queer Cubans who advocate in and outside of Cuba, from an abolitionist and anti-imperialist perspective. Some of us are affiliated with Black liberation groups and the Black Lives Matter movement in the cities and countries where we reside. With this Declaration, we seek to denounce the way the plight of Black Cubans is still being rendered invisible, especially in the context of the economic crisis in Cuba, aggravated by the COVID-19 pandemic, and following the protests and demonstrations that have taken place in Cuba from May 11, 2019, until the most recent ones on July 11, 2021. These protests saw thousands of Cubans in cities, municipalities and localities across the archipelago come out against government mismanagement that has contributed to dilapidating the public healthcare system and skyrocketing food insecurity.


Any assessment of the human rights situation of the Afro-Cuban population must begin with an acknowledgement of the persistence of structural racism and racial discrimination (prejudices, stereotypes, racist attitudes, etc.), which manifests itself in all spheres of Cuban society. Popular anti-Black sayings such as “the revolution made Black people people,” reinforce the myth that the revolutionary process ended racial inequality. Furthermore, they ignore the achievements and struggles of the Black population in Cuba prior to 1959 and dehumanize Afro-descendants. These expressions also place Black people in a position of expected subordination, defenselessness and eternal gratitude. Each day, we have to remind Cubans that both enslaved Africans and their descendants have participated in an outstanding way in the island’s emancipatory struggles as well as in its economic, cultural, scientific and social life.


The use of demeaning expressions such as “coleras”, “confused revolutionaries”, “vandals”, “mercenaries”, “delinquents”, “thugs”, “miscreants”, in an attempt to stigmatize those who protest or dissent, reveals a derogatory view of the Cuban people itself, particularly its Afro-descendant population. These expressions embody within themselves both the racism and classism reinforced by government, institutions and the official media, while serving to criminalize those who suffer from poverty and inequality. We cannot overlook the fact that many of the people on whom these labels fall are people of African descent from communities increasingly marginalized by recent economic reforms and vulnerable to abuses of power.


This marginalization of the Black population has to do with the way white hegemony is controlling the spaces of relations (social, economic, cultural, etc.) and also territories. Phenomena such as gentrification in Cuba take on particular characteristics, when they are implemented by the state, which, in vital neighborhoods like Old Havana, displaces the residents to the city’s outskirts in order to build hotels. In the same way, tens of thousands of Black people today live in makeshift settlements, where their basic needs are not met and their legal rights as residents are not protected.


During and after the events of July 11, we have seen countless photos and videos, in which Black people, especially Black youth, are victims of police brutality at the hands of military and paramilitary forces. It is worth noting that the Cuban police force is made up of a considerable number of Black people, many of whom come from the eastern provinces. Considering the conditions of extreme poverty and the obligatory nature of military service, a job that guarantees access to moderately higher salaries can be quite attractive. The above is arguably the most glaring example of how structural racism works in Cuba and how white hegemony instrumentalizes and pits Black people against each other.


However, police brutality does not only refer to the use of physical violence. It also involves many other forms of violence, which while they may be subtler, are equally condemnable. This can include surveillance, harassment, threats, extrajudicial summonses, interrogations, prohibitions to leave the country, police barricades outside homes or in the surrounding streets, etc. It is important to mention that anti-racist activists have also been harassed, persecuted, threatened and arrested for their struggle against racial discrimination. Their partners, family members and friends have also experienced violence.


In addition, the Cuban police frequently practice racial profiling and classify Black youths a priori as delinquents. Consequently, this leads us to question the racial profile that predominates in Cuban prisons; information that the government probably possesses, but so far has not made publicly available. On the other hand, much of the data collected in Cuba’s censuses and surveys are not processed, presented or published according to race. The government likely also has this information, but the racial composition of the incarcerated population is not readily available in Cuba. Nevertheless, it would not be unreasonable to conclude that of the large number of Cubans in prison, the majority are visibly of African descent.


The existence of the legal category known as “peligrosidad” or “danger to the community,” which is intended to contribute to social control, has led to the imprisonment of people considered by the authorities to be “prone to commit crimes” — among them sex workers and drug users. This forces us to wonder whether race is being used, more or less consciously, to determine who is “prone to commit crimes” and who should suffer criminal punishment. Unfortunately, we lack the statistics to confirm this bias in the Cuban judicial system.


In the case of Black queer, non-binary, agender, trans, etc., Cubans, this criminalization is particularly related to the control and policing of their bodies: the way they dress, their gender expressions and their sexuality. They are arrested and imprisoned more frequently than any other group in society, which is proof that the prison system is based on the reinforcement of gender binarism and gender-based violence. The failure to respect names and pronouns, so common in police arrests, is repressive behavior that corresponds to the sex-gender “cis-tem” that white hegemony enforces.


We also want to raise awareness about living conditions in Cuba’s prisons under the pandemic. If the general population is experiencing difficulties tied to COVID-19 health protocols (poor access to resources, food, medicines, etc.), available testimonies suggest that in prisons, the situation is even more critical. This is aggravated by the conditions of social distancing that the pandemic imposes: suspension of family and conjugal visits, overcrowding, isolation inside the prison, increase in the number of infections, etc.


The international debate on punishment, policing, criminalization, the purpose of prisons and the ineffectiveness of the judicial system, propelled by feminist and anti-racism movements, has not yet reached Cuba with the same intensity seen in other countries. This debate focuses on questioning incarceration as a preventive tool, as well as violence enacted through the prison industrial complex and the invisibilization of the plight of Black incarcerated queer, non-binary, agender, trans people, etc.


Our approach is to think of alternatives and strategies against systems that oppress and prevent us from living a dignified and emancipated life. It also implies guaranteeing the human rights of prisoners while working towards ending the use of incarceration as a means of social control. It is about reorganizing the way we live collectively, so that we choose life-affirming systems over death and punishment.


Considering all of the above, we demand authorities:

  1. Drastically reduce the prison population and end the use of prison as the default mechanism for addressing social problems.

  2. Decrease funding for the police force, weapons, patrols, etc.

  3. Promote policies and educational campaigns against anti-Black racism and racial discrimination.

  4. Stop the criminalization of the exercise of civil and political liberties.

  5. Guarantee the participation of citizens in the political life of the country with autonomy from the State and its institutions.

  6. Stop the criminalization of the Afro-descendant population and of people in conditions of social and/or economic vulnerability.

  7. Eliminate the concept of “dangerousness” from the Cuban penal code.

  8. Guarantee public access to the latest disaggregated data on the number of prisons, the number of people serving a criminal sentence and their distribution by age, gender, city/town of origin, race and skin color, crime charged, etc. Publish such information on official sites and in the official press.

  9. Adopt urgent measures to respond in a timely manner to the problems in the prison systems being exacerbated by the pandemic.

  10. Ensure due process in all trials, end arbitrary detentions and respect the rule of law.

  11. Promote public debate on policing and prisons in Cuba, in the media and the educational system, including questioning the use of punishment to solve social problems.

  12. Guarantee full and unconditional access for persons deprived of liberty to health services, hygiene, visits from family and friends, adequate food, recreational activities, etc. Such measures should not be aimed at creating a stronger penal system, but at abolishing it.

  13. Invest in social resources that contribute to true public security based on social justice, well-being and equity.

  14. Free those imprisoned for political reasons in Cuba.

The Cuba Black Liberation Collective

Authors: Odaymar Cuesta, Sandra Alvarez and Marlihan Lopez

July 30, 2021

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